A partir del conflicto generado por el intento de cierre del Hospital Laura Bonaparte, el autor plantea algunas reflexiones y preguntas en torno a las políticas de ajuste en salud mental, cuestionando qué modelo de salud mental comunitaria queremos/podemos construir, en un contexto de ofensiva neofascista y neoliberal.
por Sebastián Soto-Lafoy*
Escribo estas líneas después de haber participado activamente acompañando la toma de lxs trabajadorxs y usuarixs del Hospital Laura Bonaparte, medida de fuerza que adoptaron a modo de respuesta del anuncio del gobierno nacional -vía Ministerio de Salud- del cierre del servicio de guardia e internación, y el cierre inminente de todo el hospital a través de un supuesto decreto. A partir de dicho suceso intentaré esbozar algunas breves reflexiones y preguntas sobre los desafíos que tenemos por delante lxs trabajadorxs del campo de la salud mental en estos tiempos que corren.
No cabe duda de que el intento reciente del Ministerio de Salud de Nación de cerrar de manera abrupta y sin previo aviso un Hospital Público especializado y reconocido en materia de salud mental y consumo problemático de sustancias, marcó un punto de inflexión en cuanto al nivel de agresividad de las políticas de ajuste y desmantelamiento del Estado desde que asumió su gestión en diciembre de 2023. Lo ocurrido con el Hospital Bonaparte da cuenta de una profundización de dichas políticas, en la línea de la privatización de la salud pública. Si bien desde las últimas semanas el gobierno venía atacando (y lo continúa haciendo) la salud pública con despidos masivos en el Hospital Posadas y desfinanciamiento del Hospital Garrahan, el cierre directo y sin mediación de un hospital de salud mental es algo que -al menos para quienes no trabajamos ni habitamos el Hospital Laura Bonaparte- no se esperaba ni preveía.
Desde que se anunció el inminente cierre de todo el hospital que se iba a concretar a través de un decreto el día lunes 07/10, la respuesta de lxs trabajadorxs fue inmediata: decidieron tomar el edificio, recibiendo un rápido apoyo de la comunidad (vecinxs, organizaciones sociales, partidos políticos, agrupaciones profesionales, sindicatos, trabajadorxs de la salud y salud mental en general). Durante todo el fin de semana se realizaron actividades abiertas tales como clases públicas, ollas populares, pintadas, festivales, jornadas culturales, culminando el lunes a la mañana con un abrazo solidario y conferencia de prensa. En el medio también se llevaron a cabo asambleas tanto de lxs trabajadorxs de planta del hospital como de residentes y concurrentes, y de las distintas organizaciones sindicales, gremiales, de derechos humanos, barriales, que fueron a mostrar su solidaridad a la comunidad hospitalaria.
La rápida respuesta de lxs trabajadorxs y el acompañamiento masivo de la comunidad fueron factores clave que determinaron que finalmente el Ministerio de Salud tuviera que negociar con el sindicato (ATE) y declinara en la medida de cerrar el hospital, aunque se mantiene la idea de “reestructuración”, por lo que lxs trabajadorxs se mantienen en estado de alerta y asamblea permanente.
Si bien el relato del Ministerio de Salud para justificar el cierre lo hizo desde un lenguaje, en principio, aparentemente desmanicomializador (“reestructuración”, “asignación de recursos”, “derivación”), y que se podría interpretar desde el sentido común como una supuesta desinstitucionalización [1], en realidad, consiste en una medida de dehospitalización: el cierre del servicio de guardia e internación (que se traduce concretamente en el cierre de las camas para lxs pacientes) es consonante con una política de desfinanciamiento de la salud pública.
Ahora bien, ¿de qué da cuenta políticamente este reciente hecho? Entre otras cosas, de que la Salud Mental es un terreno de disputa, y no solo en términos teórico-técnicos, sino que también políticos, ideológicos e institucionales. El intento de cierre fue un ataque frontal a la salud pública, y sobre todo a la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) y al paradigma desmanicomializador. No es casualidad que un gobierno neofascista y neoliberal quiera cerrar un hospital público que viene implementando un abordaje en salud mental y consumo problemático de sustancias desde una perspectiva comunitaria y de derechos humanos, en consonancia con los principios rectores de la LNSM. Una medida que atenta contra una apuesta institucional y política por la desmanicomialización, y que apunta a la mercantilización de la salud en favor de las corporaciones médico-psiquiátricas (De hecho el mismo gobierno ha transparentado que su intención es traspasar los hospitales nacionales a las provincias, o, en su defecto privatizarlos. Y los servicios públicos de salud mental no están exentos de este plan de ajuste).
En el marco de un ataque generalizado a la salud pública en general, y la salud mental en particular, me parece importante que nos podamos hacer las siguientes preguntas: ¿Cuál es la correlación de fuerzas actual en el campo de la salud mental? ¿Cuál es nuestro rol como trabajadorxs de la salud mental en esta coyuntura de ofensiva contra la salud pública y la salud mental de la población? ¿Acaso se trata única y exclusivamente de defender una ley? ¿De qué manera podemos organizarnos, luchar y resistir frente a las políticas de ajuste en salud mental? [2] ¿Cómo producir, al nivel de las prácticas, una salud mental comunitaria, colectiva y popular, que contrarreste el poder terapéutico-psiquiátrico-manicomial, una salud mental como un contrapoder?
Si enmarcamos las luchas, disputas y antagonismos de la salud mental en el contexto de una lucha de clases ampliada, es decir, de una lucha que excede la contradicción capital/trabajo, habría que pensar el conflicto actual más allá de las reivindicaciones inmediatas (gremiales, institucionales, económicas) y de la centralidad totalizante del Estado.
Siguiendo las elaboraciones de Emiliano Exposto, se podría pensar la disputa por la salud mental desde dos polos: Por un lado, la salud mental “desde arriba”, desde el punto de vista del capital, es aquel psicopoder capitalista que estigmatiza, patologiza, medicaliza y encierra a las personas con padecimientos subjetivos, desde un razonamiento cuerdista y capacitista. Por otro lado, la salud mental “desde abajo” es concebida como una psicopolítica popular que, desde el punto de vista de las luchas, se relaciona con experiencias y prácticas de salud mental popular y comunitaria que tienden a colectivizar y politizar los malestares. Desde esta óptica del conflicto, no se trata de mirar la disputa bajo el imaginario progresista de Mercado vs. Estado, y en este caso, en los términos de “políticas de ajuste en salud mental vs. defender la LNSM”, ya que sería limitar el debate a la esfera estatal. Nos dice Exposto: “Hoy el problema político es si delegamos la gestión de la crisis en el estado, la industria farmacéutica y el lenguaje progresista de las políticas desde arriba; o por el contrario, podemos resignificar y reapropiarnos de la crisis anímica desde abajo, redirigiendo las dinámicas de investigación y politización colectiva contra las causas estructurales del sistema productor de malestares”. [3]
En tal sentido, ¿se trata simplemente de defender una ley,[4] o más bien de organizar una fuerza social y política que le haga frente a las fuerzas fascistas que canalizan y generan alianzas con el sistema manicomial en general y el poder terapéutico en particular? ¿No habría que recuperar iniciativas de organización desde abajo y hacia la izquierda como lo fue la Coordinadora de Trabajadorxs de la Salud Mental en la década de los 70´? ¿De qué manera podemos articular un movimiento transversal que aglutine a trabajadorxs, pacientes/usuarixs, locxs, estudiantes, militantes, agrupaciones de familiares, organizaciones sociales, de derechos humanos, etc.?
Sin duda que el rol del Estado es fundamental en lo que concierne a garantizar el derecho a la salud mental integral, respetuosa de los derechos humanos. El asunto es si vamos a delegar las banderas de la desmanicomialización en la gestión estatal, los partidos políticos, la burocracia sindical, o, en cambio, nos organizamos desde abajo y orientamos el debate bajo la perspectiva de construir colectivamente un modelo de salud mental comunitario y popular al servicio de los intereses de la clase trabajadora, y no de los intereses de las corporaciones médicas/psiquiátricas/psicoanalíticas. Y para construir ese modelo resulta imprescindible que sea el resultado de un debate abierto con la comunidad, y no únicamente entre profesionales. De alguna forma, es apostar a democratizar la discusión para descentralizar el poder-saber psi e impulsar una construcción colectiva -genuina, no eufemística- y transversal de la salud mental, entendiéndola como una producción cultural y el fundamento de todo proceder antimanicomial (Ulloa). Como nos enseñaron lxs compañerxs del Hospital Bonaparte, defender una salud mental popular, es justicia social.
No al ajuste en salud mental.
El Hospital Laura Bonaparte no se cierra.
*Sebastián Soto-Lafoy, Trabajador de la salud mental. Psicólogo.
Notas:
[1] A veces esos sentidos comunes son construidos mediáticamente por los medios de comunicación que históricamente han militado contra la Ley Nacional de Salud Mental, desinformando a la población, tal como lo muestra esta nota de Infobae: "Insólito. Los promotores de la ley que decretó el fin de los hospitales psiquiátricos hoy protestan por el cierre del Bonaparte".
[2] Políticas de ajuste que poseen una doble vertiente: económica e ideológica. Desmantelar el hospital público para favorecer el regreso de los manicomios, y así, fortalecer el poder psiquiátrico-manicomial. Cabe recordar que recién asumida la gestión de Javier Milei, el proyecto de ley original de la Ley Ómnibus contemplaba modificaciones a la LNSM, favoreciendo las internaciones involuntarias y el regreso de los manicomios. Nada nuevo en la historia de la salud mental en Argentina que la psiquiatría manicomial establezca alianzas con los sectores políticos, económicos y corporativos más reaccionarios de la sociedad.
[3] Exposto, Emiliano (2022). Notas para una psicopolítica alternativa. Blog Lobo Suelto.
[4] En todo caso, la militancia por la desmanicomialización se debería servir de la LNSM como una herramienta legal para exigir el cierre efectivo de los manicomios y reconversión en hospitales generales con servicios de salud mental, y cumplir el objetivo último que es construir una sociedad libre de manicomios. Es decir, utilizar la ley como un medio para un fin, y no como un fin en sí mismo.
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